Esta es una columna del periodista Ricardo Rocha que apareció en El Universal, una historia mas de corrupción, robo y abuso. Los protagonistas como hoy y siempre son los policías, ministerios públicos y jueces, todos parte de un sistema injusto y fallido. Un sistema sostenido con alfileres que cada día mas amenaza con caerse en pedazos.
Y ella es una mujer indígena, otomí, de 42 años. Acaba de ser sentenciada a 21 años de cárcel. Aunque usted no lo crea, por el secuestro de seis agentes armados de la AFI. Sí, leyó usted bien. Fue acusada con otras dos mujeres. Un juez la halló culpable porque, para él, la prueba presentada por la PGR fue contundente: una fotografía de un diario local donde aparece Jacinta asomándose al borlote de lo que pasó en su pueblo hace tres años ya.
El 26 de marzo de 2006 seis AFI llegaron amenazantes y sin uniforme a Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Ahí, en el tianguis, Jacinta y sus compañeras vendían aguas frescas. Llegaron los agentes y comenzaron con destrozos, despojos y exigencias de tributo con lujo de violencia quesque por hallar mercancía pirata. Fuenteovejunescamente, los pobladores cercaron a los intrusos para exigirles identificación y la orden que justificara su proceder. Éstos se negaron, pero también se rajaron. La tensión crecía y comenzaron los gritos de protesta y justicia de la gente por tanto abuso. A llamado de los intrusos se apersonaron un agente del MP y el jefe regional de la AFI. Prometieron reparar los daños con mercancía decomisada —más bien robada— de otros tianguis, de otros pueblos. Ante la negativa popular se comprometieron a compensarlos con dinero. Se fueron y dejaron “en garantía” a un agente que no fue molestado. Regresaron a las siete y pagaron lo pactado.
Pero se la guardaron al pueblo. Y se desquitaron con Jacinta, a la que el 3 de agosto llevaron con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí la acusaron falsamente; ahí la juzgaron de inmediato en español, cuando sólo hablaba otomí; ahí presumieron su culpabilidad antes que su inocencia; ahí la tienen presa; ahí la sentenciaron a 21 años de prisión; ahí le destrozaron la vida y a su familia.
Así, Jacinta es una víctima más de la intolerancia rabiosa que caracteriza a los gobiernos panistas como el que ahí encabeza Francisco Garrido Patrón, que no ha movido un dedo en defensa de una de sus gobernadas. ¿Cómo si es una india de pueblo?
Así se repite la historia de la furia discriminatoria y racista de los poderosos en este país. Como cuando se les inventaron delitos a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, indígenas ecologistas de Guerrero que lucharon contra los caciques talamontes. Una vez más el menosprecio inhumano que nos avergüenza en la memoria de doña Ernestina Ascensio, abusada y asesinada por militares y muerta por diagnóstico presidencial de gastritis crónica. Nomás acordémonos de Aguas Blancas y Acteal. De Atenco, condenados a más de un siglo de cárcel por defender sus tierras. Otra vez la más brutal represión de estos gobiernos contra los que se atreven a alzar la voz ante las injusticias.
Hay ahora un movimiento encabezado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al que me sumo gustoso, para exigir juicio justo y liberación de quien sólo ha cometido tres grandes pecados en este país: ser mujer, ser indígena y ser pobre. Por cierto, se llama Jacinta Francisco Marcial. Y yo soy ella.
PD. ¿Esto también es falso, señor Medina Mora?
Enlace: El Universal
Cortesía de Gus y Caliel
