Estimados amigos de HECF:
En el año 2006 se conjuraron las derechas mexicanas —la derecha custodia de cacicazgos, fueros y privilegios por una parte, y la reiterada promovente de los despojos colonialistas, por la otra— para asestar un nuevo golpe a la Nación el cual, dicho sea de paso, sería muy vitoreado y celebrado por las televisoras oligárquicas en ese tiempo.
No me estoy refiriendo al Fraude Electoral 2006, sino al otro hecho infamante ese año que, no obstante, parte de la misma ideología fascista totalitaria: hablo del «castigo nacional ejemplar» dado a los campesinos, pobladores de San Salvador Atenco, y aledañas zonas de Texcoco, en el Estado de México.
Castigo supuestamente merecido por haber desairado al «dios-dinero» en sus dadivosas pretensiones de despojos y saqueos, ofrecidas dizque en nombre de la modernización: proyecto del aeropuerto internacional Vicente Fox Quesada, el cual estaría lujosamente equipado con la terminal aérea Enrique Peña Nieto.
Como los valientes ciudadanos se rehusaron al «derecho» concedido por el Estado fascista de doblegarse y marcharse en sigilo, entonces se hicieron el objeto de la furia incontenible del pésimo refrito de televisión que es el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, favorito alumno a su vez de Arturo «el penthouse» Montiel, quien se llevó de EdoMex. hasta el último centavo.
Así la televisión eufórica narraba con emoción —entre comerciales y spots de guerra sucia intercalados— el faraónico despliegue en mayo de 2006 del ejército de soldados, celosos guardianes del estado de chueco. La policía mexiquense acorazada por la Federal Preventiva, la PFP, quienes tras de sus enardecidas correrías por Atenco y Texcoco dejarán un sistemático saldo de muerte y destrucción, de hombres golpeados y desaparecidos, de mujeres violadas y ultrajadas, de comercios saqueados y casas incendiadas.
—Todo ello transmitido desde los aires por las mismas cámaras televisivas que se negaron siquiera a acudir recientemente a las minas de Cananea, bajo la premisa de los copropietarios de Televisa (Azcárraga, Larrea Mota y R. Hernández) que el horno ya no está para bollos y que se recomienda el máximo posible «embargo televisivo» a la realidad social: que ni registros de ella queden ya siquiera.
Cuatro años transcurrieron desde ese entonces, pero ya muchos más desde el nacimiento del régimen fascista de gobierno, desde las matanzas del año 1968, en que en la práctica se vivió desde entonces en México un permanente y silenciado semi-estado de sitio a todos los sectores de la sociedad, pero naturalmente que con particulares «cuidados» hacia la oposición y medios de comunicación independientes, todo ello medianamente atemperado por los sucesivos triunfos democráticos de lentas reformas, y progreso en materia electoral, en las décadas transcurridas.
—Tan solo el salinismo dejó cientos de periodistas muertos o desaparecidos; pero se supone que el pueblo estaba distraído por entonces con la gloriosa «integración de México a Estados Unidos» como el fin perpetuo de los problemas del país (¡súper sic! como apuntara el doctor Jalife Rahme en sus artículos periodísticos para ocasiones así) como para ocuparse de la desaparición del derecho a la libertad de prensa e información.
Pero finalmente —y no podemos decir que «tarde», estando de cara hacia el crucial año 2012— llega una fundamental reivindicación histórica por parte de instituciones mexicanas, cuya independencia operativa mínima ha sido tan trabajosamente conseguida, ésta vez por parte de la Suprema Corte de Justicia.
Es oficial ya la existencia del «fascismo mexicano» como forma de gobierno adoptada por el Estado desde entonces hasta ahora.
Así lo ha expresado con maestría el juez-ministro Silva Meza de la primera salda de la SCJN, al declarar que tras de las sentencias condenatorias con penas de más de un siglo contra miembros de la organización de los campesinos de Atenco hay « una ideología totalitaria, donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de peligrosidad y despliegue de conductas consideradas delito por los integrantes de dicha organización » —todo ello es cita textual.
Por tanto es oficial: el régimen político del «PRIAN», el cual viene actuando en casi perfecto trabajo de equipo desde la legitimación del magno fraude electoral del año 1988 —salvo notable excepción de Manuel de Jesús Clouthier, Maquío, cuya hija Tatiana renunció en 2005 al PAN afirmando que se había convertido en el poder en el PRI— es más allá de toda duda un régimen que ha concertado acciones criminales contra la población en general, mediante una puntal coordinación de esferas de gobierno locales priístas, y el panismo federal.
Misma dinámica gubernamental que se ha podido apreciar el encubrimiento histórico de los genocidios de Chiapas (Acteal) y Guerrero (Aguasblancas); en los gobiernos de cacicazgo de Oaxaca, Puebla, Querétaro o Veracruz, con poblaciones indígenas que han sido el blanco —análogamente a San Salvador Atenco— de persecución, de despojo de tierras ejidales y comunitarias y acceso a mantos acuíferos, y represiones judiciales sistemáticas: basta con recordar a las indígenas acusadas de «secuestrar agentes policiales» en Santiago Mexquititlán, Querétaro, lo que no fue sino una grotesca venganza contra el poblado.
Pero es una pena que ninguno de esos hechos lleguen al conocimiento de la presidencia de la República, y cuando ocasionalmente sí lo hacen, sólo es para ver como respuesta un desatino que en su irracionalidad sería digno de «la dimensión desconocida», the twilight zone, como el hecho de la gestión liberadora de asesinos confesos de Acteal, o el reciente e inaudito fustigamiento de Fernando Gómez-Mont, secretario de gobernación, en contra del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos —dicho sea de paso: elegido por consenso de las derechas— por osar señalar las reiteradas violaciones homicidas a los derechos humanos por parte del calderonismo guerrerista.
El ministro Silva Meza realiza exhumaciones a las tumbas de la letra muerta de la ley en México, al señalar que « la manifestación de ideas y el reclamo social no son sinónimos de delincuencia; pensar lo contrario y utilizarlo como basamento para emitir una sentencia condenatoria es actuar contra nuestro sistema de justicia ».
¡Finalmente una institución del Estado mexicano «se entera» de la democracia desde los burocráticos tiempos vetusto!: ni el fascismo, ni el totalitarismo, ni la defraudación histórica a la Nación mexicana —por parte de un gobierno que se convirtió gradualmente en el auténtico enemigo del pueblo— son compatibles con el constitucionalismo mexicano; con el Estado de Derecho en México.
La suprema corte ha llegado hasta donde ha podido, cargando con un Estado fascista a cuestas, y ahora nos corresponderá a la ciudadanía en general el procurar gradual pero firmemente los cambios que requiere la sociedad en su conjunto, comenzando por el simple y responsable ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Sociedad que se sigue viendo amenazada por delincuencia organizada desde grupos de poder político y fáctico: por verdaderos cárteles de planificación autoritaria, cuyo signo político único es la enajenada ambición.
Cortesía El Inge
