Como todos ustedes saben, ayer la Primera Sala de nuestra tremenda corte concedió el amparo a Josefina Ricaño Bandala, Armando Santacruz González, José Pablo Girault Ruíz, Juan Francisco Torres Landa Ruffo, quienes demandaron el amparo de la Justicia Federal por su propio derecho y en representación de Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, Asociación Civil.

Pero ¿Qué significa esto? De momento no ha sido publicada la sentencia, ya que fue en sesión privada que se discutió el tema, sin embargo dicha sentencia sería el mismo proyecto del Ministro Lelo que aquí publicamos la cual solo sufriría las modificaciones y/o adhesiones que la mayoría de los ministros sugieran.

Cuatro de los ministros votaron a favor del proyecto y uno en contra, sin embargo el ministro Pardo Rebolledo que voto en contra del proyecto aclaró que lo hizo no porque no comparta el criterio, sino por otras razones (aparentemente porque no aclaran de donde sacaran las semillas de mota para comenzar su cultivo). Es decir, en lo general, la mayoría, sino los cinco, ministros que integran la Primera Sala de la SCJN, consideran que el estado se excede en su “preocupación” por conservar la salud de sus gobernados, lo que violenta el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad.

¿Las consecuencias? Rola en la red este gráfico en el que aclara que por el momento solo favorece a las cuatro personas que se ampararon, esto es parcialmente cierto porque efectivamente el amparo solo protege a las personas que lo promueven, sin embargo, el autor del gráfico paso por alto que las cuatro personas no solo acudieron por su propio derecho sino también en representación de la persona moral llamada Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, Asociación Civil, luego, también esta persona moral fue amparada.

Bien, como este es un post teórico práctico, ya puestos en contexto, se preguntarán que pueden hacer si quieren salir de la oscura clandestinidad y poder gozar del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad que incluye su derecho a sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar mota, con fines lucidos o médicos.

El primer paso es crear un asociación civil sin fines de lucro, solicitar a la COFEPRIS el permiso para la importación de semillas de marihuana (para que el ministro Pardo este contento), así como permiso para sembrar cultivar, etc.

El segundo paso es esperar la respuesta de la COFEPRIS, que sin duda será negativa.

El Tercer Paso promover la demanda de amparo indirecto en contra de dicha negativa, lo único que tienen que hacer es fusilarse vilmente los argumentos del Ministro Lelo al formularla.

El ministro “hipster” Arturo Zaldívar de la Suprema Corte de Justicia ha puesto el punto sobre las íes en la prohibición de sembrar cultivar, y transportar marihuana con fines de consumo personal.

¿Estamos tan pendejos como para no poder decidir sobre nuestra salud? Eso es lo que se preguntan quienes argumentan un excesivo paternalismo sobre el consumo de marihuana. Yo creo que si, la verdad estamos gordos de comida chatarra, alcohólicos y fumadores, así que la verdad si, la mayoría no sabemos cuidar nuestra salud.

Sin embargo, el derecho a la libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental, que se encuentra contemplado en el primer artículo de nuestra Constitución, dice el ministro que este derecho implica “Un rechazo radical de la siempre presente tentación del paternalismo del Estado que cree saber mejor que las personas lo que conviene a estas y lo que deben hacer con sus vidas, de tal manera que puede decirse que este derecho supone: la proclamación constitucional de que, siempre que se respeten los derechos de los demás, cada ser humano es el mejor juez de sus propios intereses”.

Precisa que es un reconocimiento de un derecho a realizar conductas o a tomar decisiones sin interferencias del Estado o de terceros.

Por otro lado, a este derecho de libre desarrollo de la personalidad de opone la potestad del estado de garantizar la salud de sus gobernados, por lo que el ministro realiza el test de proporcionalidad, es decir ¿se justifica la prohibición? La respuesta es: No. “Las intervenciones basadas en fines perfeccionistas no encuentran protección constitucional, pues el Estado no puede exigir a las personas que se conduzcan de acuerdo a un determinado modelo de vida.”

Apoyado en estudios científicos, el ministro concluye que:

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Fernando Franco González, ha ofrecido una disculpa por los comentarios realizados en una sesión del pleno. En dicha sesión se discutía una ley de Baja California que prevé espacio en guarderías a niños discapacitados no dependientes.

El ministro, un hombre culto, estudioso, analítico e inteligente, leyó el proyecto de sentencia y voto en contra. Frunció el ceño y habló con esa voz de autoridad que les da una ridícula toga negra y dijo:

Los niños con discapacidad dependiente tienen que tener una ubicación especia y separa, porque está demostrado que a los demás niños que pueden estar en las guarderías, les puede afectar el tener contacto con esos menores, que lógicamente presentan a todos un impacto muy fuerte cuando los vemos y vemos sus condiciones.

O sea, para el ministro está claro que las personas con discapacidad, impactan fuertemente a las personas sin discapacidad, y por eso deben estar en otros lugares. ¿Los escondemos señor ministro? ¿Los guardamos hasta que usted pase y no afecten su vista?

Resulta irónico que a finales de 2013 la Suprema Corte haya recibido el premio en derechos humanos por parte de la ONU, por sus importantes progresos en la promoción y defensa de derechos, premio que presumió por radio y televisión durante el 2014, y ahora al discutir una ley, se hagan comentarios de este tipo. ¿Dónde esta pues la defensa y el progreso en derechos humanos?

Recuerdo un chisme de televisión, en el que actores se mofaron de Samy. La Comisión de Derechos Humanos recomendó que los participantes tomaran un curso, al menos hubo una acción además de las infaltables disculpas.

Aquellos eran actores, aquí hablamos de una persona que toma decisiones con base en su criterio, y su voto puede hacer una diferencia entre validar una ley o no, entre emitir una jurisprudencia o no, su voto puede afectar a cualquier número de personas.

Los Derechos Humanos están de moda en el poder judicial, la suprema corte incluso implemento cursos por toda la república, en su búsqueda de jurisprudencias implemento la búsqueda por Derechos Humanos. Es decir se le da una dimensión a los Derechos Humanos, que antes no se le tenía.

Por supuesto, el ministro tendrá más cuidado al hablar en sesiones públicas, pero eso no significa que ahora esta sensibilizado con las personas con discapacidad. Por eso me pregunto, la disculpa del señor ministro ¿es suficiente?

Sin duda uno de los temas que más robo la atención de la opinión publica fue el de la supuesta secuestradora Francesa que salió libre debido a un proceso irregular que nuestras competentes y bonitas autoridades, la gran mayoría de las personas que conozco se sintió indignadísimo por dicha situación, si bien la suprema corte no determino que la Franchute fuera inocente si dictamino una irregularidad en el proceso que le llevaron, a final de cuentas la historia la sabemos, aquella anda en Francia feliz de la vida cortesía de una bola de ineptos que no pudieron llevar un proceso como se debía y le abrieron la puerta del tambo. Es de risa ver que si se trata de castigar a alguien los Mexicanos nos ponemos las pilas para hacer un escándalo sin embargo cuando el caso es muy similar pero donde al parecer una indígena fue sentenciada injustamente a la prisión por supuesto homicidio, muy pocos dicen algo.

Resulta Ayer la Suprema Corte ordenó la liberación de la Indigena Adriana Manzanares, quien en un principio había sido condenada a 22 años (de los cuales ya había estado 7 en prisión) tras sufrir un aborto. Su historia bien podría ser llevada al cine por la cantidad de injusticias de las que fue motivo a causa del machismo tan arraigado en su comunidad.

Resulta que Adriana Guerrerense de la comunidad de Ayutla de los Libres, era una mujer casada, el esposo en ese entonces decide irse para el gabacho a trabajar como muchos en ese otros estados, Adriana después de algún tiempo, pues no aguanto los calores y comenzó una relación con una nueva pareja de la cual quedó embarazada, estando embarazada su familia en especial su padre según testimonios, le acomodaba unas madrinas para que se “le quitara andar de casquivana”, total que con el tiempo la Mujer tuvo un aborto en su casa mientras estaba acompañada de su pareja nueva, el bebe nació sin vida según ellos, en un gran error por parte de ella, por el miedo ellos nunca dieron aviso a las autoridades y enterraron al producto de ese amor prohibido que la sociedad había maldecido, cuando su Padre se dio cuenta, el y su tío el delegado de la comunidad, los llevaron a la plaza del pueblo donde al más puro estilo de un pasaje de la biblia fueron apedreados (valioles madre el dicho del que esté libre de pecado y así).

El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $5 millones de dólares para la captura del narco mexicano Rafael Caro Quintero, recientemente liberado por la justicia mexicana, ahí el HECF número uno. Después empezaron a surgir reportajes y notas periodísticas diciendo que Caro Quintero no había sido el responsable de la muerte del agente de la DEA, Camarena Salazar, en su lugar se acusaba a otra agencia de Estados Unidos, la CIA, de su muerte… HECF número dos.

Ahora que Estados Unidos busca su captura nuevamente resulta que la Suprema Corte de Justicia de México podría cancelar el fallo que dejo libre a Caro Quintero y solicitar su reprensión… HECF número tres.

Conclusión y del conocimiento de todos, la justicia mexicana es una puta al servicio del mejor postor o del que tenga más poder.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría revocar el amparo que permitió la libertad del narcotraficante Rafael Caro Quintero en agosto pasado, ya que el proyecto que presentará hoy para su discusión y votación el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, propone revertir el fallo del Tribunal Colegiado que ordenó su excarcelación, lo que implicaría, con efecto inmediato, que el ex líder del cártel de Jalisco tendría que regresar a prisión, en caso de que fuera localizado.

Autoridades judiciales revelaron así el sentido del proyecto, en el que se establece que es necesario revocar el amparo que otorgó a favor del capo el 7 de agosto pasado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en el estado de Jalisco.

Asimismo, el ministro Zaldívar propone que el expediente regrese al mismo Tribunal, para que se revisen los aspectos de legalidad de la sentencia de 40 años que purgaba el narcotraficante por el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, para que se emita una nueva condena, que podría ser en el mismo sentido que al anterior.

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La Tremenda Corte mejor conocida como la Suprema Corte de Justicia decidió que no puedes decir puñal sin causar daño moral pero se rehusó de escuchar, por considerarlo “intrascendente”, el caso del maestro indígena Alberto Patishtán condenado a 60 años de prisión por el supuesto asesinato de 7 policías en Chiapas. El maestro que fue madreado y torturado antes de confesar haber matado con sus super poderes a 7 policías en una emboscada esta detenido desde el año 2000 y este fue el ultimo recurso legal que tenia en busca de su libertad.

Pero bueno que esperaba este indígena… no es francés.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó reasumir su competencia para conocer el incidente de reconocimiento de inocencia que promovió el maestro bilingüe Alberto Patishtán Gómez, sentenciado a 60 años de prisión por el homicidio de siete policías en Chiapas.

Con una votación de tres contra dos, los ministros de la Primera Sala de la Corte determinaron que el caso debe ser atendido por el Primer Tribunal Colegiado, con sede en Chiapas, y es éste el que debe resolver en definitiva el asunto.

En un comunicado, la SCJN señaló que la pretensión de Patishtán de que se reabra su caso, a pesar de que ya agotó todas las vías de impugnación establecidas en las leyes mexicanas, desvirtúa los parámetros legales que rigen la procedencia y naturaleza jurídicas sobre la figura del reconocimiento de inocencia.

De acuerdo con la Primera Sala, no reasumió su competencia para analizar el reconocimiento de inocencia promovido por el profesor chiapaneco debido a que, de origen, en términos del acuerdo general 5/2001, los reconocimientos de inocencia deben ser resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito.

Solamente en casos de “peculiaridades excepcionales y trascendentes, dada su relevancia, novedad o complejidad”, señala el comunicado, es posible solicitar a la Corte que reasuma su jurisdicción para conocer de un asunto.

En ese sentido, los ministros de la Primera Sala consideraron que “no procede reasumir la competencia originaria para conocer de un reconocimiento de inocencia, porque el caso de Alberto Patishtán no se ubica en ninguno de los supuestos que establece el artículo 560 del Código Federal de Procedimientos Penales, relativo a la procedencia del reconocimiento de inocencia”.

El indígena tzeltal ha alegado su inocencia desde que fue detenido, torturado y responsabilizado de una emboscada en la que murieron ocho policías estatales, el 19 de junio de 2000, masacre en la que asegura que nunca participó.

El recurso rechazado este miércoles era el último que le quedaba al indígena chiapaneco para obtener su libertad.

Enlace: http://www.proceso.com.mx/?p=335549

Cortesía de Diego

Así como lo escuchan, los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la nación en su infinita sabiduría han determinado que las palabras homófobas no están protegidas por la libertad de expresión. A partir del día de hoy las autoridades incompetentes podrán hacer valer la ley contra quien utilice contra una persona palabras o expresiones como maricón, puñal, que haces puto, putito rasca colas, etc.

Este es el mismo grupo de magistrados que hace pocas semanas tomo la decisión de dejar en libertad a la secuestradora francesa, Florence Cassez, y ahora se toman la libertad de decidir que palabras constituyen libertad de expresión y cuáles no. Especialmente palabras y expresiones que son forman una parte muy arraigada de la cultura mexicana.

Esta decisión de la Suprema Corte es en mi opinión un ataque en contra de la libertad de expresión, ya que dejando este precedente que impedirá que el día de mañana llegue una controversia donde de se atenta contra la “calidad moral” de una persona al llamarla mentirosa, corrupta y ratera como podría ser el caso de un político.

Algo le falta a esta Suprema Corte de Justicia… le falta sentido común.

Las expresiones homófobas y el discurso consistente en inferir que la homosexualidad no es una opción sexual válida sino una condición de inferioridad constituyen manifestaciones discriminatorias, que no están protegidas por el principio de libertad de expresión consagrado en la Constitución.

Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo directo en revisión 2806/2012, donde se aprobó por mayoría el proyecto presentado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En este caso, el órgano del máximo tribunal del país resolvió este asunto, donde se analizó, por primera vez en la jurisprudencia mexicana, el problema entre la libertad de expresión y las manifestaciones discriminatorias, específicamente las expresiones homófobas.

Al resolver el referido amparo directo en revisión, la sala analizó la fuerte influencia del lenguaje en la percepción que las personas tienen de la realidad, pudiendo provocar prejuicios que se arraigan en la sociedad mediante expresiones que predisponen la marginación de ciertos individuos o grupos.

Además la Primera Sala también estudió el papel de los discursos dominantes y los estereotipos, por lo que señaló que el lenguaje que se utiliza para ofender o descalificar a ciertos grupos adquiere la calificativa de discriminatorio.

De esta forma, refirió que las manifestaciones homófobas son una categoría de discursos del odio, los cuales se identifican por provocar o fomentar el rechazo hacia un grupo social y mediante las expresiones de menosprecio e insulto que contienen generan sentimientos sociales de hostilidad contra personas o grupos.

Por ello, la Primera Sala determinó que las expresiones empleadas en el caso concreto del estudio, consistentes en las palabras “maricones” y “puñal”, fueron ofensivas. Ello porque si bien se trata de expresiones fuertemente arraigadas en el lenguaje de la sociedad mexicana lo cierto es que no pueden convalidar violaciones a derechos fundamentales. Además dichas expresiones fueron impertinentes, pues su empleo no era necesario para la finalidad de la disputa que se estaba llevando a cabo relativa a la crítica mutua entre dos periodistas de la ciudad de Puebla.

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Nota Completa: http://www.sinembargo.mx/06-03-2013/550862

Cortesía de Hidalgo

Tan solo en el Distrito Federal existen más de mil personas que están en la cárcel que han presentado quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por “violaciones al debido proceso” que los ha condenado a prisión. Existen muchas historias de personas con casos fabricados por judiciales, arbitrariedades del sistema, mentiras y demás “linduras” del sistema judicial mexicano.

Después del precedente que dejo la Suprema Corte de Justica al liberar a la francesa Florence Cassez por “violaciones al debido proceso” judicial muchos de los detenidos esperan que la decisión de la Suprema Corte del país haya dejado asentada la jurisprudencia debida y que por ese motivo puedan obtener su libertan.

En los próximos meses las cortes del país dejaran en evidencia si la decisión de la Suprema Corte solo aplica para ciudadanos franceses o para todos los mexicanos que han sido víctimas del lamentable sistema judicial mexicano.

Por los mismos motivos por lo que la francesa Florence Cassez fue liberada —violaciones al debido proceso—, Carlos Rodríguez espera que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea el presedente para la liberación de su hijo, por la que lucha desde hace siete años.

Como él, mil 146 personas se quejaron el año pasado, ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), por diversos abusos, como falta de información sobre su situación jurídica, carencia de interprete (en los casos tanto de indígenas como de extranjeros), omisión de una investigación eficaz, por proporcionar indebidamente información a los medios de comunicación sobre las personas detenidas, negativa a tener una defensa adecuada y coacción para que la persona probable responsable sea obligada a declarar contra sí mismo auto inculpándose.

Un informe sobre debido proceso del organismo indica que por ese motivo y violaciones de garantías judiciales recibió, de enero a noviembre, 699 quejas, y en contra del derecho a la libertad y seguridad personales, 477.

Detención arbitraria

El 18 de abril de 2007 comenzó la pesadilla de la familia Rodríguez Pérez, cuyo hijo sigue detenido, a pesar de una serie de violaciones cometidas por la procuraduría del Distrito Federal.

“Ese día llegaron unos judiciales a mi casa, estábamos sólo mi esposa y yo. Abrieron la puerta a patadas, nos sometieron, pero no nos decían a qué iban, gritaban que dónde estaba el niño. Nos golpearon. Pronto los agentes de la procuraduría capitalina se percataron que se habían equivocado de domicilio, que allí no había ningún secuestrado; no obstante, nos detuvieron, y cuando llegó uno de mis hijos, también se lo llevaron”, narró Carlos Rodríguez.

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